Miles de jóvenes cruzan nuestras puertas cada año. Todos ellos son seres humanos, individuos con historias diferentes. Llevamos más de medio siglo trabajando con orgullo con cualquiera que nos necesite en el Gran Londres, y eso siempre ha incluido a personas que no son originarias del Reino Unido.
En los últimos años hemos observado un aumento muy preocupante del número de personas que han sufrido un estrés y un trauma inimaginables y que acuden a nosotros en busca de ayuda. Un número cada vez mayor de estas personas han pasado por el sistema legal de inmigración o asilo del Reino Unido y, a continuación, han sido desalojadas de los alojamientos del Ministerio del Interior y empujadas directamente a la indigencia en el momento preciso en que empiezan a reconstruir sus vidas. Formamos parte del movimiento que impulsó la ampliación del «período de transición» de los alojamientos del Ministerio del Interior de 28 a 56 días. Ayer, 1 de septiembre, el Gobierno revocó esta decisión.
La mayoría de los jóvenes a los que apoyamos y que han acudido a nuestros servicios desde alojamientos del Ministerio del Interior (a menudo hoteles) son refugiados con permiso de residencia indefinido. Esto significa que el Gobierno les ha concedido seguridad en el Reino Unido, reconociendo los horrores y traumas que dejan atrás en sus países de origen. Significa que tienen derecho a vivir como miembros de nuestra sociedad durante el tiempo que necesiten, con los mismos derechos y apoyo que el resto de los ciudadanos del Reino Unido. Estas personas podrían verse ahora obligadas a vivir en la calle. Creemos que eso es inaceptable y cruel.
También sabemos que las pruebas demuestran claramente que dar a alguien 28 días para abandonar su alojamiento no tiene sentido y le cuesta al Estado y a los contribuyentes mucho más que simplemente ampliar el plazo a 56 días. Volver a los 28 días va en contra de las recomendaciones en materia de derechos humanos y de las propias directrices del Gobierno recogidas en la Ley de reducción del sinhogarismo. Por término medio, se tarda 35 días en solicitar y recibir el crédito universal, y aún más en el caso de otras prestaciones. Dar a las personas menos tiempo para encontrar un trabajo y un lugar donde vivir es simplemente ilógico.
Durante los últimos dos años, el sector que se ocupa de las personas sin hogar (ayuntamientos y organizaciones benéficas) ha tenido que recoger los pedazos de políticas de asilo inconexas como estas. Esta decisión pone de manifiesto la falta de colaboración entre departamentos y de un pensamiento basado en datos empíricos que nos prometió este Gobierno; es difícil imaginar cómo se puede aplicar una estrategia eficaz para acabar con la falta de vivienda con decisiones como esta. Además, es preocupante porque todavía no tenemos un nuevo ministro para las personas sin hogar (el decimoséptimo en los últimos quince años) que nos ayude a luchar contra este cambio.
Creemos firmemente que esta decisión debe revertirse y que el período de 56 días debe convertirse en permanente. Debido a las acciones (y al silencio) de nuestros políticos, los refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo ya se enfrentan a una ola de racismo y xenofobia. ¿Realmente tienen que enfrentarse también a una ola de falta de vivienda?
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